Sin justicia honesta no hay país soberano

Jaime Granda.- La mayoría coincide en que Venezuela sufre la peor crisis de su existencia, pero no hay coincidencias en cuanto a quién o a quiénes corresponde la responsabilidad de todos los males acumulados.

El Grupo de Lima acierta en varios aspectos, incluido que no solamente hay que exigir a la cúpula militar que asuma una posición en favor de los millones de venezolanos que están muriendo de hambre, falta de medicinas, malos servicios públicos y la desbordada delincuencia. Los civiles incrustados en el poder judicial también deben reflexionar y cumplir con sus deberes, como han hecho los jueces de Perú que han sobrevivido a la galopante corrupción que pasea por toda América Latina. Un puñado de jueces y fiscales que han demostrado una integridad intachable. Es indudable que un poder judicial honesto disminuiría el poder de los militares venezolanos y devolvería la soberanía nacional a Venezuela para que no dependamos de gobiernos extranjeros para resolver nuestros problemas.

En Perú, sus cuatro últimos jefes de Estado están bajo investigación judicial, o prófugos de la justicia. A ello se suman jueces, fiscales y otros funcionarios presos, además de Keiko Fujimori, hija de uno de los presidentes detenidos, especialmente por haber recibido fondos ilegales para favorecer a la empresa brasileña de construcción Odebrecht.

Recientemente, el ingeniero civil Martín Vizcarra, un presidente accidental, porque siendo vicepresidente en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, asumió el cargo cuando el titular tuvo que dimitir por un coletazo del caso Odebrecht, hizo revelaciones de la situación peruana al diario español El País.

Vizcarra se ha puesto al lado del pueblo peruano que desde años clama contra la corrupción causante de que no se acometan las obras necesarias o los planes adecuados porque los que tienen que tomar las decisiones y ordenar las reformas, también tienen problemas en investigaciones propias. El pueblo entiende  que un sistema judicial limpio, honesto, transparente, significaría revisar a instituciones políticas, incluyendo a los partidos políticos.

Vizcarra compensa la escasa representación de sus partidarios en el Congreso apelando directamente al pueblo y así  ha reactivado la boicoteada reforma del sistema de Administración de Justicia que durante años sufrió más o menos lo mismo que ocurrió en Venezuela con la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre).

Aprovechando las manifestaciones masivas en las calles del Perú contra los corruptos, Vizcarra planteó un referéndum, cuyo resultado, 86% a favor de las propuestas del presidente, se interpretó universalmente como un rechazo al Congreso y a la mafia del aparato de justicia, en la que se integraban, entre muchos otros, un juez de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Superior del Callao, fiscales, congresistas, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios ligados al partido de Keiko Fujimori, con mayoría en el Congreso.

Esta historia es muy oportuna para Venezuela, donde no hay justicia que garantice la soberanía nacional ni la seguridad de sus habitantes y si no aparece quien corrija la dominante corrupción, no tiene sentido seguir derramando sangre inocente con el único propósito de cambiar  al inquilino del Palacio de Miraflores.

AUTOR: Jaime Granda es periodista venezolano y publica su columna semanal Agenda Abierta en el diario El Nuevo País. @jajogra

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