Régimen venezolano busca otros 100 días de gracia

Informe Político, Jaime Granda.– El programa de recuperación económica que incluyó la reconversión monetaria que entró en vigencia el 20 de agosto pasado dio un respiro de 100 días a los consumidores, pero a mediados de noviembre ya el salario mínimo de 1.800 soberanos solo servía para comprar un kilo de pimentón.

Entonces, el jueves 29 de noviembre, Nicolás Maduro anunció en cadena de radio y televisión, con más excusas que verdaderas soluciones a la crisis, que el salario mínimo pasa a 4.500 soberanos y habrá bonos y otro mes de aguinaldo para empleados públicos y pensionados. También dijo que a los seguidores les llegará pernil, pollo y demás ingredientes para las hallacas para que todos disfruten de las mejores Navidades de su vida.

En agosto se anunció que el salario mínimo equivale a medio petro que en ese momento valía 3.600 soberanos y ahora su precio pasó a ser de 9.000 soberanos.

En la misma noche del jueves, los expertos en economía advirtieron que todo el dinero necesario para cubrir los nuevos valores será inorgánico, es decir que no tendrá respaldo en las reservas del Estado. Eso significa que el régimen volverá a imprimir más billetes sin que haya producción petrolera que respalde las sumas que se pondrán a circular.

Los economistas advierten también que todo esos aumentos salariales terminarán siendo sal y agua frente a la hiperinflación a la que el régimen no enfrenta sino que le rinde devoción. Como ejemplo recordaron que solo en 2018 hubo cinco aumentos salariales.

La triste conclusión es que el régimen venezolano no está interesado en acabar con la crisis económica, social, política y moral que azota a Venezuela. Más bien le sirve de excusa para decir que todos los males de esa crisis son culpa de Donald Trump y la oposición vendida al imperio yanqui.

Lo único que busca el régimen es ganar otros 100 días de gracia frente a la hiperinflación y muchos seguidores del chavismo agradecerán ese período de gracia votando el próximo 09 de diciembre por los candidatos a concejales que van en las planchas del PSUV.

La dura realidad es que no hay solución final y por lo tanto el país seguirá dominado por la improvisación, manipulación, represión, hiperinflación y corrupción. No es casualidad que todo eso rime con revolución.

La legalidad

Al régimen venezolano no le ha importado ni le importa la legalidad. Para este grupo en el poder, la Constitución aprobada en 1999 es letra muerta. Por eso no le importa que la comunidad internacional desconozca las elecciones presidenciales recientes. No le importa que los abogados digan que Nicolás Maduro no puede seguir en el Palacio de Miraflores después del 09 de enero cuando vence el período presidencial iniciado en 2013.

Para eso cuenta con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presidido por Maikel Moreno, con la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que nombró a ese TSJ y al Fiscal General Tarek William Saab. Para eso cuenta con los militares de cuyas filas han expulsado y detenido a todos aquellos que rechacen al actual régimen. Son centenares los militares presos y torturados, según denuncian familiares. Otros han logrado huir al del país. La contrainteligencia cubana hasta participa en las torturas de aquellos detectados en planes contrarios al régimen. Es la infaltable represión de todo régimen autoritario.

Los trabajadores del Estado también son víctimas de la represión y cada detenido sirve de amedrentamiento para los demás.

Esta semana, un tribunal de Puerto Ordaz dictó privativa de libertad contra nueve trabajadores de Ferrominera del Orinoco por reclamar sus derechos laborales. El martes fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) mientras protestaban. El lugar de reclusión es la cárcel de El Dorado, ubicada en el municipio Sifontes del estado Bolívar.

Después fue detenido durante otra protesta exigiendo la libertas de los anteriores, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, a quien dijeron que enviaban a tribunales militares en Caracas.

Frente a los gobiernos de América Latina y de Europa que no reconocen al régimen venezolano y hasta piden el enjuiciamiento de muchos de sus miembros, ese régimen se muestra ahora abierto socio de China, Rusia, Turquía, Corea del Norte  y otros con hojas de servicio muy cuestionadas.

Al régimen venezolano parecía no preocuparle lo que pudiera decidir la Cumbre del G20 reunida este fin de semana en Buenos Aires, Argentina, sobre la situación de Venezuela. Los millones de venezolanos que huyen están afectando a los países vecinos de Venezuela, especialmente a Colombia, y eso forma parte de los temas en la mesa del G20.

Por otra parte, está demostrado que los empresarios de los países que apoyan al régimen venezolano no sienten asco por la corrupción y eso parece ser parte de la empatía con los chavistas.

El Gran Volumen, un mega contrato de 20.000 millones de dólares (17.600 de euros) sellado en 2010 entre Venezuela y China, devino en un nido de corrupción. La construcción de infraestructuras energéticas en el país suramericano amagó un fabuloso negocio de comisiones ilegales. El servicio de luz eléctrica, por cierto, está peor cada día.

Una investigación de la Justicia de Andorra ha destapado que el empresario venezolano de los seguros, Diego Salazar, y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares (176,5 millones de euros) de cinco compañías chinas. La red de Salazar escondió su botín en la Banca Privada d’Andorra (BPA), un banco que fue cerrado en 2015 por las autoridades de ese pequeño Principado pirenaico por blanqueo de capitales.

Por lo demás, la falta de un “punto fijo” en el cual la oposición unida apoye sus esfuerzos, deja margen al régimen corrupto e ineficiente de Nicolás Maduro para seguir en el poder.

AUTOR: Jaime Granda es periodista venezolano y publica su columna semanal Agenda Abierta en el diario El Nuevo País. @jajogra

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