¿Por qué el Bloque Constitucional se opone a las elecciones?

Foto: CNE.

El Bloque Constitucional se opone a las elecciones y expuso sus argumentos basados en diez razones:

El Bloque Constitucional de Venezuela sobre el llamado a elecciones presidenciales recientemente formulado por una autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente desea manifestar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

Primer, reiteramos que la “Asamblea Nacional Constituyente” que dictó el pasado día 23 de enero
un llamado “Decreto que convoca a proceso electoral para la escogencia de la Presidencia de la
República en el primer cuatrimestre de 2018”; no es más que una vía de hecho, sin sustento en la
voluntad del soberano; ilegítima y fraudulenta, toda vez que sin convocatoria de quien es el
depositario del poder constituyente originario, el pueblo de Venezuela, ésta no podía instalarse.

Segundo, esta fraudulenta auto denominada ANC pretende modificar las bases de la República y
las estructuras y funciones de los poderes públicos, co-gobernando y co-juzgando junto a un
presidente de la República declarado por la Asamblea Nacional en abandono del cargo por
incumplimiento en el ejercicio de sus obligaciones, y a un Tribunal Supremo de Justicia constituido
por magistrados que dejaron de serlo después que la Asamblea Nacional, el 21 de julio del 2017,
designó los legítimos integrantes del mismo.

Tercero, en consecuencia, los llamados, leyes, Decretos, Acuerdos u Órdenes que esta fraudulenta
instancia asamblearia, mal llamada constituyente, haga o pudiera hacer, carecen de toda validez y
trascendencia jurídica. Quienes los realizan usurpando funciones públicas incurren en graves delitos
políticos de Traición a la patria, contemplados en los artículos 132 (“Cualquiera que, dentro o fuera
del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación
será castigado con presidio de ocho a dieciséis años…) y 213 (“Cualquiera que indebidamente
asuma o ejerza funciones públicas, civiles o militares, será castigado con prisión de dos a seis
meses … ) del Código Penal vigente, y quienes los ejecutan, son cómplices de dicho delito;

Cuarto, el actual CNE no es una instancia pública imparcial, pues sus actuales integrantes fueron
fraudulentamente designados por la Sala Constitucional del TSJ. La clara y patente muestra material
de ello, ha sido, entre otras, su injustificado retraso en procesar el referendo revocatorio que en
contra de Nicolás Maduro, propusieron las fuerzas democráticas del país, en contraste con la
rapidez sorpresiva desplegada para elegir “constituyentistas”.
El actual CNE, acatando órdenes del engendro de Asamblea Nacional Constituyente en combinación
con el órgano judicial que los designó, ha armado un falso andamiaje pretendidamente jurídico,
carente de todo fundamento constitucional, que le permite “inhabilitar” líderes políticos de la
oposición así como “ilegalizar” partidos políticos que en ejercicio de sus derechos constitucionales
decidieron abstenerse de participar en las elecciones Municipales; y llegar al extremo de la
perversión por obedecer los caprichos del Ejecutivo y ser su brazo ejecutor, de desconocer todos los
resultados electorales adversos al régimen a pesar de estar ya consolidados administrativamente
por el órgano competente, tal como ocurrió con la reciente elección del Gobernador del Zulia, Juan
Pablo Guanipa así como la del Estado Bolívar, Andrés Velázquez;

Quinto, por si lo anterior no fuera suficiente para dudar sobre la confiabilidad de un proceso
controlado por un CNE absolutamente contrario a la independencia e imparcialidad que se aspira debe tener cualquier órgano que se presume arbitro de un evento electoral a desarrollarse; llama la
atención que la fraudulenta ANC haga un llamado para celebrar comicios presidenciales “dentro del
primer cuatrimestre” del año, un día 23 de enero, habiendo transcurrido casi la totalidad del primer
mes, es decir para realizarlo dentro de un lapso máximo de 90 días. Tal llamado, al margen de la
invalidez que rodean los actos de parte de quien emana el mismo, es manifiestamente incongruente
con dos normas constitucionales, que si bien no señalan –como no lo hace ninguna otra- la
oportunidad en que deben realizarse las elecciones presidenciales, si establecen los márgenes
convenientes desde sanos principios de racionalidad, razonabilidad y congruencia constitucional
con el resto del bloque normativo vigente que regula el funcionamiento de los poderes públicos.

Sexto, la Constitución establece en el artículo 231 que el candidato elegido a la presidencia de la
República tomará posesión del cargo “el diez de enero del primer año de su período constitucional”,
y el segundo es el artículo 298 que señala que las normas legales que regulen los procesos
electorales “no podrán modificarse en forma alguna (…) en el lapso comprendido entre el día de la
elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”. En razón de ello, en el espíritu del
vigente constituyente del 99, tal elección debiera realizarse dentro de los seis (6) meses anteriores al
diez (10) de enero del 2019: cualquier otra interpretación distinta que se haga de tales fechas, serán
infundadas, arbitrarias y generadoras de graves conflictos que bien pudieran provocar vacíos
institucionales por el amplio margen de inseguridad que crean.

Séptimo, por todo lo anterior rechazamos la decisión del régimen de convocar a elecciones
presidenciales en los términos expresados por un organismo disuelto por el TSJ legítimo, que en su
sentencia de fecha 25/10/2017 declaró la nulidad de los Decretos del Ejecutivo Nacional N° 2.830
2.831 del 1ro. de mayo de 2017 mediante los cuales se convocó a un proceso nacional constituyente
y se creó una comisión presidencial dirigida a elaborar las bases comiciales de dicho proceso; fallo
que debe ser conocido y cumplido por la Asamblea Nacional, quien designó a los magistrados que
integran este órgano judicial el 21 de julio del 2017.

Octavo, la transparencia, imparcialidad e igualdad, en los resultados electorales sólo será posible
cuando el proceso sea confiable y sus resultados sean verdaderamente la voluntad de todos y cada
uno de los venezolanos mayores de 18 años, quienes libremente puedan ejercer su derecho al voto,
estén o no en el territorio de la República.

Noveno, el Bloque Constitucional de Venezuela desea expresar que dos factores deben unirnos
para recuperar la República: uno es desconocer la seudo Asamblea Nacional Constituyente; y dos,
poner desde ya como meta, la lucha por obtener las condiciones electorales que hagan desaparecer
el ventajismo político en el órgano electoral. Lo primero, es necesario por cuanto, la convocatoria a
las elecciones presidenciales no tiene fundamento jurídico por el origen; y lo segundo, por constituir
una flagrante violación a las disposiciones constitucionales.

Décimo, Solicitamos a los partidos políticos que piensen en la Nación venezolana, en el pueblo que
cifra su voluntad en vivir dignamente y bajo el orden democrático y constitucional; que busquen un
camino que nos integre a todos y nos aproxime a un futuro gobierno de unidad nacional. El pueblo
quiere participar, quiere elecciones presidenciales, pero quiere igualmente una conducción política
que inspire respeto en sus adversarios, por no tolerar ilegalidades ni arbitrariedades y en sus
representados, por ser valiente y ético en la defensa de sus derechos públicos subjetivos. No
queremos promesas discursivas, sino una dirigencia firme en el reclamo de elecciones pulcras como
lo exigen todos los países del mundo.

Por el Bloque Constitucional de Venezuela:
Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosell
Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y René Molina Galicia.
Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha.
Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón,
Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis
Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Iván
Pérez Rueda, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos
Solis Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos
Camero y Alejandro González Valenzuela.
Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidenta), Norma Delgado
Aceituno, Clara Ines Valecillo; Jesus Vergara Peña y Jose Luis Machado.
Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela:
Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan
Torres (Apure), Rombet Camperos (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer
Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilme Pereira (Falcón), Mary de Muguesa (Guárico),
José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas),
Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Mario Torres
(Zulia).

FUENTE: Comunicado envíado por el periodista venezolano Mario Beroes @marber22

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