La corrupción general favorece al régimen

Jaime Granda, Informe Político.- Venezuela está en manos de un régimen al que no le interesa el bienestar colectivo y por lo tanto no le importa el incumplimiento de la manoseada y tantas veces exhibida Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999.

Se ha dicho miles de veces. La Venezuela que sufre diversos males, físicos y espirituales, no tiene nada que ver con el texto constitucional. Citemos dos de sus primeros artículos, como ejercicio de comparación.

Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.

Hasta ahí lo que dicen esos dos artículos. Lo que ocurre en la realidad no tiene semejanza alguna con esos textos.

El problema de Venezuela no es político. No se trata de izquierda, derecha o sus variables; no se trata de socialismo o liberalismo, o sus diversas interpretaciones; dictadura, democracia o sus variables. Es un problema de ética. Los ingresos petroleros  despiertan las peores apetencias de la clase política. La corrupción impide que las riquezas del subsuelo sirvan para construir un país de progreso para todos.

La corrupción es tan amplia que es compartida por los supuestos demócratas y los supuestos dictadores.

La corrupción política contamina al resto de la sociedad. Sin  un poder judicial a salvo de esa tendencia, tendremos con total impunidad, gobernantes y opositores llenando sus bolsillos, mientras la mayoría del pueblo se muere por falta de comida y medicamentos.

Un par de semanas atrás, la doctora Hildegard Rondón de Sansó, quien integró la desaparecida Corte Suprema de Justicia, creada bajo la Constitución de 1811 y sustituida en 1999 por el Tribunal Supremo de Justicia, escribió un artículo de opinión en el que expresó: “La corrupción pareciera un fenómeno físico, tal como lo es en el campo de los metales que, en las esferas de los poderes públicos, debilita las instituciones y las hace perder su prestigio y la confianza que deben ofrecer a la sociedad. Si bien toda corrupción pública es nefasta, la que incide en forma más negativa sobre las instituciones es la que opera sobre los órganos de la justicia. Estos órganos enfermos, operan sobre algo que es esencial en la vida social, porque el valor más importante de Estado es su poder de dar a cada quien lo suyo y asegurar que ello se cumpla en forma real y efectiva, lo cual corresponde al Poder Judicial”. Esa es la tragedia. Lo demás es puro discurso.

Lo peor es que la corrupción es utilizada por el actual régimen como la excusa perfecta para sacar de juego a quien le estorbe en sus planes de perpetuarse en el poder hasta más allá de toda posibilidad legal.

El jueves, el cardenal Baltazar Porras sentenció: “En el país existe una epidemia y se llama corrupción. Lamentablemente existen en el mundo los buitres de la necesidad y en más de una ocasión es liderado por venezolanos”.

Lo electoral

Todo eso, en vez de menguar al grupo que domina las instituciones del Estado, lo favorece y como tal lo aprovecha.

La corrupción salpica a muchos dirigentes de oposición y el régimen guarda esas cartas para sacarlas en el momento apropiado. Lo mismo aplica para los renegados del mismo régimen.

Con esas ventajas y la campaña en las redes sociales sobre su invencibilidad electoral debido a la corrupción en el sistema para elegir a gobernantes en todos los niveles, ha logrado que la oposición formal vaya dejando a sus anchas, las gobernaciones de estados, los consejos legislativos regionales y ahora va por los 335 concejos municipales de todo el país.

Una vez concretada la fecha del próximo 9 de diciembre para las elecciones municipales, la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D’ Amelio, dijo el jueves pasado que los partidos políticos que no participaron en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, no podrán postularse en los próximos comicios municipales del 9 de diciembre.

Eso anula cualquier voltereta en proceso dentro de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que impuso en los más recientes comicios la abstención y la destrucción moral de todo aquel que se atreva a contradecir la voluntad de su cúpula.

Así que los próximos meses serán de mucha distracción por la diatriba electoral y los promotores de la abstención seguirán atacando, sin que nadie se atreva a indagar de dónde sacan los recursos para esas campañas anti-electorales.

Esa es la otra cara de la corrupción. Toda campaña electoral, hasta para concejal suplente, cuesta mucho dinero y generalmente no es dinero ganado con el sudor de la frente de quienes buscan el poder político.

Ante la anulación de los supuestos opositores, en el seno del llamado chavismo surgen voces contra la destrucción de la economía venezolana y voces con cierto poder que apuntan a la necesidad de eliminar el control de cambio. Esas voces disidentes consideran que el IV Congreso del PSUV el próximo 28 de Julio es una oportunidad histórica para corregir las desviaciones y malas interpretaciones de lo que originalmente era un proyecto para favorecer a las mayorías y adecentar la política que ya venía por malos caminos al cierre del siglo XX.

AUTOR: Jaime Granda es periodista venezolano y publica su columna semanal Agenda Abierta en el diario El Nuevo País. @jajogra

About Pulso Venezolano
Venezolanos preocupados por su país, empeñados en ayudar a difundir noticias relevantes y burlar el cerco informativo impuesto en Venezuela.