Corrupción fractura cúpula chavista-madurista

Jaime Granda.- Es innegable que algo más poderoso que las bases y parte de la dirigencia chavista originaria ha obligado al gobierno de Nicolás Maduro a reconocer que hay corrupción en las principales empresas del Estado.

Es de esperarse que en medio de la lucha contra esa corrupción, especialmente en la industria petrolera, aprendan que gran parte de ese problema se debe al prolongado control de cambio, al control de las divisas, no importa que sean dólares americanos, rupias indias, rublos rusos, yuanes chinos, yenes japoneses, euros o libras esterlinas. La culpa no es del signo monetario, sino del control del mismo por un pequeño grupo que termina acaparando todo, como han  dicho los propios chavistas despreciados por el grupo de Maduro.

Partiendo de eso, podríamos deducir que el control de cambio dividió a los chavistas. Los que se atrevieron a criticar a Maduro y su grupo tenían razón y prueba de ello es que este año, Venezuela volvió a quedar en el último puesto mundial en el Índice de Libertad Económica 2017 que mide la situación de 159 países. El punto más grave de evaluación lo representó el indicador de moneda sana, en el cual el país fue reprobado debido a la incontrolable devaluación del bolívar.

Aún así, eso no parecía conmover al grupo dominante, pero queda reforzado que esa corrupción, ese control de cambio, la inseguridad jurídica empresarial y otros puntos han afectado gravemente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cuya filial en Estados Unidos, Citgo, controla gran cantidad de estaciones de servicio y Rusia ya tiene en su poder casi el 50% de sus acciones.

Una vez emprendida la lucha contra la corrupción, el Gobierno tiene que exhibir nombres de los sancionados y detenidos. En medio de gerentes cuyos nombres dicen poco, se lanza la detención de un artista reconocido por casi toda la audiencia televisiva. Se trata de Manuel Vicente Sosa Morales, conocido como el “Coco” Sosa.

El Fiscal General designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab, dijo el viernes que Manuel “Coco” Sosa fue presentado el jueves ante el Tribunal 22 de Control en Caracas para ser imputado por estar vinculado con la adjudicación irregular de varios contratos relacionados con la Faja Petrolífera del Orinoco. El Fiscal adelantó que hasta la fecha la evaluación asciende a 10 contratos por un monto con sobreprecio de 200%, lo que se traduce en 27 millones de dólares.

Otras fuentes indican que el artista de televisión tiene participación en 9 compañías registradas y domiciliadas en el sur del estado de Florida en los EEUU y en 2016 creó Mónica Spear Foundation Inc, en Pembroke Pines, aprovechando que era amigo de la fallecida actriz venezolana, y tiene registradas a su nombre 25 camionetas de lujo.

Mucha gente se pregunta cómo el Fiscal General designado por la cuestionada Constituyente podrá dejar de lado que ese modesto artista logró penetrar las mafias que dominan la industria petrolera venezolana gracias a sus nexos con María Gabriela  Chávez, hija del desaparecido Hugo Chávez, el iniciador de la llamada “revolución bolivariana”.

Las investigaciones no podrán fácilmente evadir que un medio hermano de “Coco” Sosa, ligado a la misma hija de Chávez, también tuvo acceso al inaccesible dólar preferencial a 10 bolívares para comprar en Chipre dos ferrys para un proyecto naviero que movilizaría gente y mercancías entre la Península de Paraguaná en el estado Falcón y la cercana isla de Aruba.

Se trata del abogado Roberto Leiba a quien los propietarios del proyecto naviero denunciaron en una fiscalía del estado Falcón y en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ese caso, por cierto, es una de las causas por las cuales la actual gobernadora de Falcón no pudo aspirar a su reelección. Ella se involucró en el despojo del proyecto a sus dueños originales y mostró las embarcaciones llegadas al país. Ahora nadie parece saber dónde están esos barcos y que pasará con las averiguaciones abiertas.

Recientemente se habla de que en medio de la presión internacional el Gobierno devolverá todas sus atribuciones a la Asamblea Nacional que ahora preside Julio Borges. A eso habrá que sumar lo que hagan los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrados por esa Asamblea Nacional, legítima y reconocida mundialmente, a partir del próximo viernes 13 de octubre cuando se juramenten en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

La lucha contra la corrupción para salvar el proyecto ruso con las riquezas minerales de Venezuela y asegurar que Rusia pueda frenar cualquier ataque armado desde EEUU, tiene algunos obstáculos.

Es innegable que Sosa y Leyba debieron tener apoyo dentro del gobierno de Nicolás Maduro para amasar las fortunas que ahora tienen. Atacar la corrupción de esos personajes necesariamente salpicará a la hija del “comandante eterno” y a su cómplices en el gobierno. Sería aceptar que la familia del “inmortal” es parte de las mafias que se han aprovechado de las riquezas del subsuelo venezolano para darse la gran vida por el mundo, echando a un lado aquello de que “es malo ser rico”. Eso obviamente dividirá la cúpula del chavismo-madurismo. Los más comprometidos y con mayor poder utilizarán la excusa de no manchar la memoria del comandante para no ser incluidos en la lista de sancionados o expuestos a la opinión pública. Pero, parece tarde frenar todo lo que rueda en las redes sociales y en algunos medios sobre todo ese entramado. Toda esa división influirá también en los resultados de las elecciones regionales del próximo domingo 15.

AUTOR: Jaime Granda es periodista venezolano y publica su columna semanal Agenda Abierta en el diario El Nuevo País. @jajogra

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